Economía

 

Juan Carlos Vega Malo es el nuevo ministro de Economía y tendrá una limitada caja fiscal

Tras retroceder en el nombramiento de Sariha Moya, el Gobierno de Daniel Noboa ya tiene un nuevo perfil para la cartera económica.

Juan Carlos Vega Malo, cuencano de 51 años, es el nuevo ministro de Economía y Finanzas del Ecuador en el Gobierno de Daniel Noboa Azín. El nuevo ministro cuenta con un perfil de altos estudios en el exterior y también una amplia trayectoria empresarial.

A Juan Carlos Vega Malo le toca enfrentar difíciles retos económicos. Por poner un ejemplo, al 17 de noviembre los depósitos de la caja fiscal (depósitos del Tesoro) se encontraban en apenas $ 179,7 millones, la peor cifra desde 2016.

Con una maestría de la Universidad de Cornell y otra de Economía Aplicada y Gerencia, el funcionario cuenta además con un diplomado en Ingeniería Financiera del Tecnológico de Monterrey. También ha tenido preparación académica en Administración de Agronegocios, por la Universidad de Arkansas (magna cum laude). Adicionalmente se ha graduado como agrónomo zamorano en Honduras.

Vega Malo llega a esa cartera luego que se frustró el nombramiento de Sariha Moya, cuyo nombre no fue del todo bien recibido por los mercados financieros. Moya, que ha sido ratificada como secretaria de Desarrollo y Planificación (Senplades), no generó confianza cuando en su visita a Estados Unidos acompañó al presidente Noboa frente a inversores y multilaterales. Una muestra del malestar, según algunos expertos, fue el incremento del riesgo país. Este indicador bajó 133 puntos entre el 15 y el 22 de noviembre, luego de conocerse que el presidente cambió de criterio sobre el nombramiento de Moya.

El nuevo ministro Vega viene del ámbito empresarial. Ha sido presidente ejecutivo del Grupo Holding Teck MP3 Ecuador, MP3 Panamá y Tarpuq (julio 2019-octubre 2023). Ha sido miembro del directorio de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo (Cipem).

También ha sido consultor sénior en asesoría en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, estudios de factibilidad de proyectos de inversión. Cadenas de valor de café, cacao, quinua, forestales. Ha participado como consultor de Banca de Inversión Alpax. También fue parte de Moderna Alimentos entre 1998 y 2001 y de 2004 a 2007. (I)

Garantía de depósitos cumple 25 años, un mal recuerdo pero que ahora cubre al 99 % de clientes de la banca

Hace 25 años se creó la AGD que asumió cierre de bancos en 1999, pero garantía de depósitos se mantiene al 100 % para ahorros de hasta $ 32.000. 

Aunque la mayoría de los ecuatorianos de hoy no recuerden a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), para quienes en 1998 tenían una cuenta en el banco es imposible olvidar lo que significó esta entidad que fue como un símbolo de una de las peores crisis que vivió el país: el desplome del sistema financiero.

Eso “no volverá a pasar” porque ahora hay dos elementos clave que marcan la diferencia: la dolarización y la fortaleza bancaria que existe ahora asegura la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

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La AGD se creó hace 25 años cuando el 43 % de la población actual no nacía y solo un 28 % era mayor de edad. El 1 de diciembre de 1998 entró en vigencia la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario-Financiera, con la cual se dispuso la creación de la AGD. “El mecanismo de seguro de depósitos ya existía desde los años noventa en todo el mundo, por ende, la creación de la AGD en Ecuador fue clave porque dicha institución asumió el pago del 100 % de los depósitos de los clientes de la banca, cuyas instituciones se encontraban en proceso de saneamiento”, indica el presidente ejecutivo de Asobanca, Marco Rodríguez.

A esa ley se llegó en un escenario complejo político y económico, y arrastrando problemas que empezaron años antes: la guerra con Perú (1995-1998), la inestabilidad política que terminó con la destitución del presidente Abdalá Bucaram (1997), la crisis económica agudizada por el Fenómeno de El Niño (1998) y la disminución del precio del petróleo (1998) -el barril llegó a $ 7-.

El presidente de la época Jamil Mahuad asegura que fue el Banco Mundial el que sugirió la creación de la AGD, a ese organismo pidió asesoría para las reformas en la legislación bancaria. “Mientras se discutía la ley proliferaron rumores de que Filanbanco -el banco más grande del Ecuador en ese momento- atravesaba serios problemas financieros. Esta desgraciada circunstancia contaminó el trámite de la ley. La caída de un banco de ese tamaño, que podía producir un tsunami en el sistema financiero del país, convirtió a la discusión legal en el centro de las más disparatadas teorías de conspiración, hasta el punto de que hubo quienes dijeron que la ley buscaba salvar a los banqueros cuando en realidad castigaba a los banqueros que lo merecían y protegía a los depositantes”.

Esta ley le permitió al Gobierno actuar rápido ante la crisis del Filanbanco, la nueva entidad tomó inmediatamente la administración del banco, redujo a cero el capital de los accionistas y les exigió garantías personales adicionales. De esta manera lo describe Mahuad en su libro Así dolarizamos al Ecuador, pues la financiera fue una de las crisis que se juntaron cuando se dio paso al cambio de la moneda nacional que era el sucre.

La idea original era tener un marco legal para intervenir a los bancos insolventes sin salvar a los dueños: instrumentos legales para que el Estado pueda tomar control, intervenir, cerrar y reestructurar bancos en problemas protegiendo a depositantes, pero después de que los dueños de los bancos pierdan la propiedad de los mismos, comenta Augusto de la Torre, quien fue parte de las discusiones que Ecuador tuvo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial sobre cómo lidiar con la crisis generalizada que el país estaba viviendo.

“Aunque el Congreso introdujo cambios importantes que debilitaron la Ley de la AGD, su aprobación fue percibida inicialmente como favorable, como un paso tardío hacia la restructuración del sistema bancario. La aplicación de la ley no permitió estabilizar los mercados financieros. Las autoridades ya no podían posponer la intervención o el cierre de esos bancos. Eventualmente lo hicieron... Filanbanco fue puesto a cargo de un administrador especial nombrado por la AGD a inicios de diciembre de 1998, y se lo mantuvo abierto con miras a una recapitalización y eventual reprivatización. Una serie de desestabilizantes cierres de intermediarios financieros de tamaño mediano y pequeño siguieron inmediatamente: cinco bancos, dos sociedades financieras y una cooperativa de crédito fueron cerrados por la AGD entre diciembre 1998 e inicios de marzo de 1999. Sin embargo, estas acciones fueron tan torpemente implementadas que no ayudaron a frenar la erosión de la confianza”. Este en un fragmento del artículo La gran crisis ecuatoriana de finales de los noventa de Augusto de La Torre y Yira Mascaró publicado en diciembre del 2011.

Para Nicolás Brito que dirigió el Comité de Clientes del Banco del Progreso, “la AGD fue una institución creada para beneficio de los grandes deudores, la mayoría de sus gerentes la utilizaron para aceptar daciones en pago sobrevaloradas. También, los administradores pagaban con efectivo o con bienes subvalorados a los inversionistas que habían comprado los Certificados de Depósito Reprogramados (CDR) con descuentos de hasta el 50 %. Mientras que a los depositantes originales nos tenían a la espera. Muchos de los bienes de la AGD eran explotados pero su producción no ingresaba y cuando esto se hizo evidente dejaron que estos bienes se destruyan. Una de nuestras luchas fue que se diferencie entre el tenedor de CDR y el ahorrista, esto lo logramos y con esto se pagó muy rápido a quienes protestábamos en las calles”.

El Progreso cerró el 22 de marzo de 1999. Filanbanco fusionado con La Previsora quebró en julio del 2001. En seguidilla cayeron 16 bancos.

Entonces en Ecuador existían 40 bancos privados. Hoy son 24 “que superaron la crisis por ser manejados prudencialmente bajo los mejores estándares internacionales. La solidez con la que han contado ha permitido a los bancos enfrentar con éxito los ciclos económicos a lo largo de los últimos 23 años”, asegura Rodríguez.

La AGD cerró en diciembre del 2009; pasó los bienes de la banca cerrada que seguían en su poder a otros entes del Estado. La garantía de depósitos sigue vigente y cubre al 99 % de los clientes en caso de que las entidades presenten dificultades, es decir, a 14,9 millones de personas que tienen hasta $ 32.000 depositados en cuentas de ahorro, corrientes y depósitos a plazo, y el 1 % son 151.000 clientes con depósitos sobre esos $ 32.000.

Esto a través de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) –creada con la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, el 31 de diciembre de 2008–, que se nutre de un aporte exclusivo de los bancos privados. Este seguro alcanza un patrimonio de $ 2.629 millones a septiembre de 2023, que cubre a ese 99 % de los clientes, detalla Asobanca.

¿Puede volver a pasar una crisis así?

El presidente ejecutivo de Asobanca, Marco Rodríguez, destaca dos elementos clave que diferencian el escenario actual con el año 1999: la dolarización y la banca que “se ha fortalecido y transformado en estos últimos años y se ha convertido en un puntal de apoyo para la dolarización”.

Comenta que después del 99 se mantienen los bancos que son manejados de manera técnica y profesional, implementando las mejores prácticas y estándares internacionales, y que dicha solidez les ha permitido enfrentar exitosamente los ciclos económicos en estos 23 años. Por ejemplo, “la crisis generada por la pandemia hubiese causado un colapso económico sin precedentes, pero ventajosamente la banca y la dolarización amortiguaron la crisis del 2020 y no la amplificó”.

A pesar de la coyuntura económica y para hacer frente a un posible deterioro de la cartera, la banca mantuvo indicadores de solvencia y de cobertura adecuados. El incremento de provisiones a octubre de 2023 respecto al mismo mes de 2022 fue de $ 377 millones, esto es 15 % más que el año anterior. A octubre de 2023 la cobertura es de 201 %, lo que significa que las provisiones son 2 veces superiores a los niveles de cartera improductiva, “y muestra el manejo responsable que aplica banca en este entorno”.

Entonces ¿puede pasar lo mismo que en 1999? No. Si es que se mantiene el esquema monetario y la fortaleza bancaria que existe ahora. Por eso, mientras más se impulse un manejo técnico y prudente de la dolarización y la banca, alejado de agendas políticas, más lejos nos mantendremos de 1999, sostiene Rodríguez. (I)

Alza salarial 2024: ¿Cuánto subirá sueldo en Colombia y Perú? En la región se transita mismo dilema que Ecuador

Empresarios ecuatorianos dicen que para contratar más se necesita mejor economía y que “no nos ponga en desventaja competitiva con otros países”.

La expectativa por el alza salarial que se aplicará en el 2024 se da a nivel regional. En Ecuador los $ 25 que se daban por sentado quedaron en nada con el cambio de gobierno y la decisión que debía darse hasta el 30 de noviembre quedó para el 22 de diciembre. Colombia espera definirlo una semana antes y en Perú ya se anunció que no habrá alza porque está en recesión.

Lo que pasa en otros países se mide también por el efecto de competitividad. La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador difundió un ranking de los sueldos básicos que rigen en 15 países de Latinoamérica y donde Ecuador -con los $ 450 que rigen actualmente- aparece en el cuarto lugar de los más altos. Perú está en el puesto 12 con $ 269 y Colombia en el puesto 14 con $ 242, de acuerdo con los datos del Banco Central de cada país y con la conversión de monedas.

Y en el caso de Ecuador, además del salario básico unificado de $ 450, “los trabajadores reciben un 40,3 % adicional por concepto de beneficios, indica el gremio.

“Un incremento salarial que no sea con base en una norma técnica puede afectar gravemente a las empresas, al desarrollo del país. Para contratar más necesitamos tener un país que tenga una mejor economía y que no nos ponga en desventaja competitiva con otros países”, comentó Tania Pazmiño, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Salarios.

Y asegura: “a más salarios no tenemos más empleo”. Y comenta que en los últimos quince años el sueldo básico ha tenido un incremento de 165 %, al pasar de $ 170 a $ 450, “mientras que la empleabilidad se ubica en un -18 %”.

El alza propuesta por el sector empresarial era de $ 4,12 ajustándose a la metodología establecida en el Acuerdo Ministerial n.º 185 del 19 de octubre de 2020, expedido por el Ministerio del Trabajo, cuya fórmula normada en el acuerdo “conlleva parámetros técnicos y aspectos definidos en un estudio realizado por el Banco Mundial″.

Pero al no llegar a un consenso con los trabajadores que plantean un incremento de $ 100, los empleadores invocaron el artículo 118 del Código del Trabajo para que se lo aplique ahora que le toma decidir al Ministerio del Trabajo.

El artículo 118 del Código del Trabajo establece que si en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no se llega a un consenso, “el ministro del Trabajo los fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto”.

La inflación proyectada para el 2024 es de 2,07 %, por lo que la postura actual de las empresas es que el alza no puede ser mayor que $ 9,32. Las estimaciones tanto de inflación como de crecimiento económico son oficiales dadas en la primera reunión del Consejo.

• La estimación del Banco Central del Ecuador es que el país termine el 2023 con un crecimiento del 1,5 % del producto interno bruto (PIB); mientras que para 2024 se prevé un menor crecimiento, de apenas el 0,8 %.
• El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que la inflación anual promedio para 2023 alcanzaría el 2,56 % y para 2024 sería del 2,07 %.

Si el Gobierno no hubiera cambiado de forma anticipada por la muerte cruzada, el alza para el 2024 volvería a ser de $ 25 porque Guillermo Lasso subió ese valor para el 2022, 2023 y haría lo mismo en sus otros dos años de mandato para cumplir con su oferta de campaña de subir el sueldo básico de $ 400 a $ 500 durante su gestión.

Pero el cambio de mando se realizó el 23 de noviembre y con ello la decisión del alza salarial ahora está en manos del nuevo gobierno. La nueva ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, lo anunciará hasta el 22 de diciembre de 2023.

Colombia debe llegar a un acuerdo hasta el 15 de diciembre

Mientras en Colombia este jueves se instaló la quinta reunión de la mesa de negociación del salario mínimo para el 2024, las partes esperaban los datos de la inflación de noviembre para seguir con el debate.

El incremento que se fije allá para el 2024 debe tener como base el dato de la inflación anual (10,48 % a octubre) y a esta cifra se le debe sumar el de la productividad de 2023, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estableció en -1 % la productividad total de los factores (PTF), en 0,76 % la productividad laboral por hora y en -0,7 % la productividad laboral por trabajador ocupado. Así lo reportan los medios colombianos.

El 15 de diciembre es el vencimiento legal para que las partes lleguen a un acuerdo respecto al monto del salario mínimo. Pero la decisión final debe tomarse hasta el 30 de diciembre.

Cálculos del Grupo Bancolombia anticipan que la inflación anual sería del 10,2 % a noviembre, por lo que al sumarle la productividad el alza sería de al menos un 11 % y así pasaría de 1′160.000 pesos colombianos a 1′287.136 pesos, que en dólares sería un salto de $ 290 a $ 322.

En Perú aumento deberá esperar hasta primeros meses del 2024

En Perú el sueldo básico no se ha modificado desde el 1 de mayo de 2022, cuando se ajustó en un 10 % y subió a 1.025 soles (unos 272,79 dólares), de acuerdo con Bloomberg.

Aunque el Gobierno oficializó el incremento de las remuneraciones de los profesionales de la salud a partir de diciembre, el salario mínimo general deberá esperar. A fines de noviembre el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, dijo a medios de su país que se volverá a evaluar un incremento del salario mínimo en los primeros meses del próximo año.

Esto por la recesión que atraviesa Perú. “El ministro de Economía ha señalado que en el primer trimestre del 2024 debemos estar recuperando nuestro PIB. Entonces, será el momento en que pongamos el tema en el Consejo Nacional de Trabajo para evaluar el incremento de la remuneración mínima vital. (I)

El 80 % de las empresas prevé realizar incrementos salariales en un promedio de 4,20 % en el 2024

Estudio de Deloitte muestra proyecciones empresariales. Mientras trabajadores en general están a la espera del anuncio del Gobierno sobre alza del sueldo básico

Mientras los trabajadores están a la espera de que el Gobierno anuncie cuánto será el incremento del salario básico unificado (SBU) para el 2024, las empresas -entre nacionales y multinacionales- ya tienen la proyección de incremento que independientemente prevén para el próximo año. Así lo revela el estudio Ecuador 2024: un nuevo horizonte empresarial. Retos y oportunidades realizado por Andeanecuador Consultores Estratégicos C.L, firma miembro de Deloitte Consulting.

En el informe de Deloitte, presentado este jueves 14 de diciembre en Guayaquil, participaron 220 empresas y el 80 % de ellas reportó una proyección de incrementos salariales en un promedio del 4,20 %; el 17 % señala que no realizará un aumento, mientras que el 3 % aún no lo decide.

Roberto Estrada, socio de la firma, dijo que para este 2023 el 84 % de esas 220 compañías que reportaron 154.709 trabajadores incrementó un 4,83 % los salarios, mientras que el 16 % no realizó ningún incremento.

Según el estudio, las empresas nacionales en su proyección tienen previsto un aumento del 4,54 % frente al 5,33 % de este 2023, en tanto que las multinacionales el 3,58 % con relación al 3,89 % de este año. “Las empresas nacionales siguen estando por encima de las multinacionales en cuanto a lo que son sus aumentos salariales en el país”, comentó.

Aunque se presenta esa diferencia entre las nacionales y las multinacionales, Estrada señaló que tienen otro tipo de beneficios que pueden compensar esa diferencia.

En cuanto al número de trabajadores, las empresas nacionales reportaron que iniciaron el año con 101.514 y terminan con 97.374 colaboradores, lo que significa una disminución del -4 %. En tanto que las empresas multinacionales empezaron con 53.195 empleados y lo finalizan con una reducción del -1 %.

En el informe también se detalla que el sector económico con la proyección más alta es el grupo de industriales con el 4,42 %, seguidos por el comercial (4,19 %); y servicios (3,94 %).

Con respecto a las diferentes actividades, el promedio de aumento para el próximo año, el que lidera es el de seguros con el 5,15 %; tecnología (4,41 %); automotriz con (4,12 %); farmacéutico con (3,98 %); y el de consumo masivo (3,94 %).

En este indicador, Estrada explicó que si bien en seguros y tecnología se mantiene con respecto a lo que fue en el 2023, en el tercer grupo sí hay una variación, el de construcción fue reemplazado por el automotriz que “ha tenido una dinámica muy interesante este año, que incluso el próximo año tiene arancel cero en cuanto a los vehículos europeos y que pues tiene mucho movimiento dentro de lo que son también marcas, chicas”, dijo.

Sobre el sueldo básico, indicó que el incremento acumulado del SBU del 2014 al 2023 fue del 32 %. En el 2014 era de $ 340 y actualmente es de $ 450.

El alza salarial que se aplicará al básico desde enero la definirá el Ministerio de Trabajo hasta el 22 de diciembre, luego que los representantes de los trabajadores y los empleadores no llegaron a un acuerdo para fijar el SBU. Los trabajadores pedían que se equipare con el costo de la canasta vital, cuyo costo a noviembre es de $ 552,02, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mientras que los empresarios propusieron un aumento de $ 4,12, valor que daba como resultado de los parámetros técnicos pero al quedar en manos del Gobierno este sector indica que corresponde un $ 9,32 en función de la inflación proyectada. (I)